La Diputación Provincial de Huesca ha encargado a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca un estudio económico para identificar y cuantificar los perjuicios derivados del retraso en la ejecución de la variante de Sabiñánigo de la A-23. La institución provincial busca obtener datos objetivos que revelen el coste que este retraso está teniendo en el Alto Aragón, donde las obras llevan meses paralizadas, afectando a todo el tejido empresarial del Pirineo.
El encargo se vuelve especialmente relevante tras conocerse la semana pasada que las empresas adjudicatarias no han cumplido con el último requerimiento del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para iniciar los trabajos necesarios que permitan recuperar los accesos a Sabiñánigo, cerrados desde el verano de 2025. Esta situación ha generado incertidumbre entre los vecinos y diversos sectores económicos, justo antes de la temporada turística de invierno.
La Diputación de Huesca ha mantenido reuniones con asociaciones locales para conocer de primera mano las consecuencias de esta situación. La institución ha expresado su preocupación por el retraso de esta infraestructura estratégica, una inquietud que también han compartido públicamente las Cámaras de Comercio de Aragón, advirtiendo sobre las repercusiones para la actividad empresarial y la competitividad de la región.
“Es hora de hablar de las consecuencias. Queremos saber cuánto le está costando al Alto Aragón este retraso, porque detrás de los atascos y los desvíos hay empresas, trabajadores y familias que llevan demasiado tiempo soportando esta situación”, afirmó el presidente de la Diputación, Isaac Claver.
El estudio prestará especial atención a los efectos sobre diversos sectores, como el comercio, la hostelería, el turismo, el transporte y la industria. Se analizarán tanto los perjuicios directos como los indirectos, incluyendo los sobrecostes en los desplazamientos, las dificultades de acceso, la repercusión sobre la actividad empresarial y sus posibles consecuencias sobre el empleo.
Uno de los aspectos fundamentales será calcular el coste económico del tiempo adicional que vecinos, trabajadores, transportistas y visitantes deben dedicar a sus desplazamientos debido a las obras. Para realizar estas estimaciones, se utilizarán las recomendaciones de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que contemplan la valoración económica del tiempo de viaje y de los costes asociados.
Además, se llevarán a cabo encuestas a agentes territoriales y empresas para identificar impactos cualitativos adicionales en la provincia. El análisis también considerará las limitaciones de los itinerarios alternativos, especialmente la carretera A-132, que ha registrado obras, restricciones de circulación y cortes temporales durante 2026.
Con este trabajo, la Diputación espera contar con una base técnica y documental que le permita trasladar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el alcance económico y social de las afecciones, así como reforzar la reivindicación de una solución definitiva que permita recuperar la normalidad lo antes posible.
